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La justicia porteña frenó la construcción de dos torres de hasta 34 pisos en Palermo.

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La resolución argumenta que hay «incumplimientos y violaciones al Código de Planeamiento Urbano». El permiso de obra fue otorgado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Luis María Campos al 100

La cautelar se basa en que la obra infringe las disposiciones para construir en la zona.

La justicia porteña ordenó al grupo Portland suspender la construcción de dos torres de hasta 100 metros de altura en el barrio de Palermo por «incumplimientos y violaciones al Código de Planeamiento Urbano», de acuerdo a una resolución difundida este miércoles por fuentes judiciales, en la que también consta que el permiso de obra fue otorgado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La resolución, de la titular del Juzgado 4 del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Elena Liberatori, ordenó suspender las obras de la avenida Luis María Campos al 100 -ya en curso- «hasta tanto recaiga sentencia definitiva o se modifiquen las cuestiones técnicas y reglamentarias observadas», informó iJudicial, portal de noticias del Poder Judicial porteño.

La causa

La sentencia definitiva a la que hace referencia Liberatori se espera en la causa iniciada por dos asociaciones civiles, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y La Defensoría de Laburantes, contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En octubre de 2018, las dos asociaciones mencionadas solicitaron a la Justicia de la Ciudad, a través de un recurso de amparo ambiental colectivo, que «declare la nulidad del permiso de obra» otorgado por el Gobierno porteño para la construcción de dos torres, de 31 y 34 pisos y tres subsuelos.

Ya con las obras en marcha, a principios de este año, las asociaciones presentaron una medida cautelar para que la Justicia frene la construcción de las torres «hasta que se resuelva la cuestión de fondo».

Los argumentos de la jueza

Liberatori dio lugar a la medida cautelar el 9 de abril último y, en su resolución, señaló que la perita arquitecta interviniente «detalló en su dictamen cada uno de los incumplimientos y violaciones al Código de Planeamiento Urbano».

De acuerdo a la pericia, la obra proyectada «no respeta las alturas», con metros cuadrados «muy superiores a los autorizados», y tampoco respeta «el centro libre de manzana, ni los niveles de cocheras autorizados», señaló la jueza.

La jueza señaló además que «el proyecto aprobado por el Gobierno porteño es contrario en muchos aspectos a los parámetros claramente establecidos en el código vigente de planeamiento urbano de la Ciudad de Buenos Aires».

Qué dice el Observatorio del Derecho

Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), dijo este miércols a Télam que el juicio iniciado en 2018 contra Portland y el Gobierno porteño «ya está en sus últimas etapas», pero que las organizaciones pidieron una medida cautelar porque «en los últimos meses del año pasado la construcción avanzó en forma acelerada.

Baldiviezo señaló también que la Justicia local «ya frenó otro emprendimiento inmobiliario» de la misma empresa, las torres llamadas «Ciudad Palmera», ubicadas en el barrio porteño de Caballito.

La medida cautelar para frenar el proyecto «Ciudad Palmera» también fue presentada por el ODC, y fue ratificada en una resolución de segunda instancia.

Para Baldiviezo, estas resoluciones judiciales son el «claro ejemplo» de que el Gobierno porteño «ha instalado un sistema de excepciones al código de planeamiento y al código urbanístico» de la Ciudad, lo cual que implica una «planificación fáctica al servicio de los intereses inmobiliarios de las grandes desarrolladoras y de la clase política».

«En la Ciudad de Buenos Aires -agregó- la planificación está sujeta a extraer la mayor riqueza a través de la especulación inmobiliaria. Por eso, no hay barrio que no tenga alguno de sus servicios públicos colapsados, ya sea el transporte, la salud, la educación, los espacios verdes o los servicios domiciliarios».

«Si la Ciudad elaborara una planificación en conjunto con la población, y la respetara -continuó- no viviríamos el caos actual, que se refleja en una mala calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos».

Por otra parte, el presidente del ODC afirmó que mientras «uno de cada seis porteños y porteñas tiene problemas de vivienda», el Gobierno local «dedica gran cantidad de recursos a elaborar artilugios jurídicos para impulsar proyectos inmobiliarios a los cuales solo puede acceder el 5% de la población».

De ese modo, explicó, se genera una oferta de «inmuebles suntuosos» que «agravan la emergencia habitacional en la Ciudad».

Por último, Baldiviezo habló de una «connivencia» entre el grupo Portland y el Gobierno porteño, y dijo que la empresa es «beneficiaria de excepciones que violan todos los parámetros urbanísticos».