Paseo de la Infanta
Treinta años de impunidad en Palermo: la muerte de Marcelita Iglesias y la condena internacional que desnuda una tragedia anunciada
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por la muerte de Marcelita Iglesias, la niña de seis años que falleció en 1996 al caerle encima una escultura de hierro en el Parque 3 de Febrero. El fallo vuelve a poner bajo la lupa un caso marcado por negligencias, responsabilidades diluidas y una justicia que dejó pasar el tiempo hasta que el expediente prescribió.
Buenos Aires — Treinta años después del hecho, la historia vuelve a doler. El 5 de febrero de 1996, en el corazón verde de la ciudad —el Parque 3 de Febrero— una excursión infantil terminó en tragedia. Marcelita Iglesias, de apenas seis años, participaba de una salida con su colonia de vacaciones cuando una escultura de hierro instalada en el parque se desplomó y la aplastó.
El accidente no fue un rayo caído del cielo. Con el tiempo se supo que la obra presentaba graves irregularidades en su instalación, falta de controles técnicos y ausencia de medidas de seguridad básicas para un espacio público frecuentado por niños.
Treinta años más tarde, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó lo que la familia de Marcelita denunció durante décadas: el Estado argentino falló en proteger la vida de una niña y en garantizar justicia después de su muerte.
Una obra mal instalada en un parque lleno de chicos
La escultura que provocó el accidente había sido colocada como parte de un concurso artístico. Según la investigación judicial inicial, su estructura y su base presentaban deficiencias técnicas.
El problema no fue solo el objeto artístico en sí. La cadena de responsabilidades era larga:
- el escultor, responsable del diseño y montaje de la obra;
- los organizadores del concurso artístico;
- los galeristas vinculados a la exposición;
- y los funcionarios que autorizaron la instalación en un espacio público.
El parque donde ocurrió la tragedia —uno de los más concurridos de Buenos Aires— recibe diariamente familias, turistas y grupos escolares. Instalar allí una estructura metálica sin controles adecuados fue, según señalaron expertos durante la causa, una negligencia grave.
Todos sabían… pero nadie pagó
La causa judicial avanzó durante años con imputaciones por homicidio culposo y lesiones culposas contra varios responsables.
Entre los señalados aparecieron:
- el escultor Danilo Dazinger,
- los galeristas Mauricio Lowenstein y Diana Lía de Lowenstein,
- la coordinadora del concurso Nelly Perazzo,
- y funcionarios vinculados a la autorización de la obra.
Sin embargo, el expediente terminó archivado en 2005.
La jueza María Nocetti declaró prescripta la causa por el tiempo transcurrido sin juicio. En otras palabras: la justicia dejó pasar los años hasta que legalmente ya no se podía juzgar a nadie.
La historia terminó convertida en un clásico argentino: todos señalados, nadie condenado.
La lucha de una madre durante tres décadas
Desde entonces, los padres de Marcelita —Eduardo Iglesias y Nora Ribaudo— emprendieron una batalla judicial que duró décadas.
Presentaron apelaciones, denunciaron irregularidades y llevaron el caso a instancias internacionales. Durante años recibieron respuestas negativas de tribunales argentinos.
La justicia nacional cerró la puerta.
Pero la historia no terminó ahí.
Finalmente, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que analizó no solo el accidente sino también lo que ocurrió después: la falta de investigación eficaz y la impunidad judicial.
El fallo que llega 30 años tarde
El tribunal internacional concluyó que el Estado argentino violó varios derechos fundamentales:
- el derecho a la vida,
- la protección especial de la niñez,
- el derecho a la integridad personal,
- y las garantías judiciales.
La Corte determinó que el país no solo falló al permitir que una estructura peligrosa estuviera en un parque público, sino también al no garantizar justicia posterior.
El fallo implica reparaciones para la familia y obligaciones para el Estado argentino.
Pero llega con un sabor amargo: tres décadas después de la muerte de la niña.
Una tragedia que sigue siendo una advertencia
El caso de Marcelita Iglesias dejó una pregunta incómoda que todavía resuena en la ciudad:
¿Quién controla realmente lo que se instala en el espacio público?
Las esculturas urbanas, las instalaciones artísticas y las estructuras temporales se multiplican en plazas y parques de Buenos Aires. Pero la tragedia de 1996 demuestra que detrás de la estética también deben existir controles técnicos estrictos.
Cuando se mezclan arte, burocracia y negligencia, el resultado puede ser fatal.
Cuando la justicia llega tarde
Treinta años después, el sistema judicial argentino no produjo una sola condena penal por la muerte de la niña.
La condena llegó desde un tribunal internacional.
El fallo de la Corte Interamericana no cambia el pasado, pero deja un mensaje contundente: cuando un Estado no investiga ni sanciona, la responsabilidad no desaparece. Solo se traslada a otra instancia.
Y en este caso, la verdad tardó tres décadas en abrirse paso.
Demasiado tiempo para una niña que solo había salido a jugar al parque.
