El exjefe de Gabinete deberá informar cualquier viaje al exterior y obtener autorización judicial previa. La medida fue dispuesta por el juez federal Ariel Lijo a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, mientras avanza la investigación sobre su patrimonio, sus gastos, viajes y propiedades.
La situación judicial de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo. El juez federal Ariel Lijo resolvió que el exjefe de Gabinete deberá informar con anticipación cualquier salida del país y contar con autorización judicial antes de viajar al exterior, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La medida fue solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita, quien lleva adelante la investigación sobre la evolución patrimonial del exfuncionario. Según trascendió en tribunales, el pedido busca que la Justicia pueda evaluar, caso por caso, la pertinencia de cada eventual viaje fuera de la Argentina.
Una restricción, pero no una detención
El punto central es jurídico y político: la Justicia no ordenó la detención de Adorni ni dispuso una prisión preventiva. De hecho, fueron rechazados los pedidos más duros formulados por denunciantes, que pretendían avanzar con su arresto o con medidas de mayor intensidad procesal.
Sin embargo, la resolución representa la primera limitación concreta sobre los movimientos del exfuncionario desde que se abrió el expediente. En términos prácticos, Adorni no podrá salir del país libremente: antes deberá notificarlo y esperar la autorización correspondiente.
Qué investiga la Justicia
La causa se concentra en posibles inconsistencias entre los ingresos declarados por Adorni y su nivel de gastos, patrimonio y movimientos económicos. La investigación incluye el análisis de declaraciones juradas, gastos corrientes, viajes dentro y fuera del país, propiedades y refacciones realizadas en una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
Uno de los puntos más sensibles del expediente es el testimonio del constructor Matías Tabar, quien declaró por las reformas realizadas en la casa del exfuncionario. Según publicaciones periodísticas, el contratista afirmó que las obras habrían costado alrededor de 245.000 dólares, en gran parte abonados en efectivo.
Ese dato quedó bajo la lupa porque obliga a explicar el origen de los fondos y su correspondencia con el patrimonio declarado.
Los audios que agravaron el clima político
El caso también cobró fuerza pública por la difusión de audios atribuidos a Adorni, enviados al contratista antes de su declaración testimonial. En esos mensajes, el exfuncionario buscaba coordinar una conversación previa y le ofrecía “soporte” frente a la citación judicial.
Para algunos sectores políticos, esos audios profundizaron las sospechas. Para la fiscalía, sin embargo, no alcanzaron —al menos por ahora— para considerar que existió un entorpecimiento suficiente como para justificar una detención.
La causa, entonces, sigue abierta y en plena etapa de recolección de pruebas.
El contexto: renuncia, reemplazo y golpe político
Adorni había renunciado a la Jefatura de Gabinete el 27 de junio de 2026, en medio del avance de las investigaciones y del desgaste político generado por las denuncias. Pocos días después, el presidente Javier Milei designó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, en un intento de ordenar la conducción política del Gobierno.
La salida de Adorni marcó un golpe para el oficialismo, no solo por el peso del cargo, sino porque se trataba de una figura central del esquema comunicacional y político de La Libertad Avanza desde el inicio de la gestión.
La defensa de Adorni
Adorni negó haber cometido delitos y sostuvo públicamente que podrá demostrar el origen lícito de su patrimonio ante la Justicia. También afirmó que parte de sus recursos provenían de ahorros e inversiones previas a su ingreso al Estado.
La investigación deberá determinar si esas explicaciones resultan suficientes frente a los informes contables, las declaraciones juradas rectificadas y la documentación patrimonial que está siendo analizada.
Lo que viene
En Comodoro Py esperan informes técnicos sobre la evolución patrimonial del exfuncionario. Si esos estudios detectan inconsistencias relevantes y la explicación de Adorni no alcanza para disipar las sospechas, el próximo paso podría ser una citación a declaración indagatoria.
Por ahora, la causa sigue en movimiento. La restricción para salir del país no implica condena ni culpabilidad, pero sí marca que la Justicia considera necesario mantener bajo control los desplazamientos del exjefe de Gabinete mientras avanza la pesquisa.
Preguntas para los lectores
¿La restricción para salir del país es una medida razonable mientras avanza la investigación?
¿La política argentina mide con la misma vara los casos de corrupción según el partido involucrado?
¿Deberían los funcionarios públicos tener controles patrimoniales más estrictos y en tiempo real?
¿Qué impacto tiene este caso sobre el discurso de transparencia del Gobierno?
¿Creés que la Justicia llegará al fondo del asunto o quedará todo en ruido político?
