Federico Mochi propuso crear una asistencia gratuita para vecinos sobreendeudados, mientras una encuesta nacional registra una caída de la aprobación del Gobierno y un deterioro económico que atraviesa especialmente a quienes ya no llegan a fin de mes.
La presentación del legislador porteño Federico Mochi para crear un espacio gratuito de asistencia a personas sobreendeudadas pone nombre institucional a una realidad que hace tiempo dejó de ser excepcional: familias que usaron una tarjeta para llegar a fin de mes, tomaron un crédito de consumo, refinanciaron un saldo o recurrieron a una billetera virtual y terminaron atrapadas en una rueda de intereses, comisiones y cargos que crecen más rápido que sus ingresos. El proyecto no resuelve por sí solo esa estructura económica, pero parte de un diagnóstico concreto: frente a bancos, financieras, fintechs y estudios de cobranza con equipos especializados, el deudor suele enfrentar solo un contrato que no comprende del todo y una urgencia cotidiana que no le permite discutir condiciones.
La iniciativa propone una oficina de atención gratuita para residentes de la Ciudad de Buenos Aires, con abogados, economistas, trabajadores sociales y psicólogos que puedan revisar contratos, resúmenes de cuenta, recibos, tasas de interés, comisiones y cargos aplicados. El objetivo sería detectar cláusulas abusivas o prácticas ilegales, intentar una refinanciación razonable con el acreedor y, cuando esa instancia fracase, derivar el expediente al Ministerio Público de la Defensa para una eventual acción judicial o sancionatoria. El acceso quedaría dirigido a hogares cuya deuda financiera comprometa más del 30% de sus ingresos, o el 25% en casos prioritarios, como familias monoparentales o aquellas con niños, adultos mayores o personas con discapacidad a cargo.
Mochi sostiene que el problema no consiste solamente en la irresponsabilidad individual de quien pide dinero, como suele repetir una mirada cómoda y moralizante sobre la pobreza. Muchas veces hay una persona que se endeuda para comprar alimentos, pagar una tarifa, sostener un alquiler, cubrir un medicamento o evitar que una cuenta venza, y que luego descubre que la refinanciación transforma un monto manejable en una obligación imposible de cancelar. “Las fintechs y los bancos tienen ejércitos de abogados y equipos enteros dedicados a cobrar; del otro lado hay una persona sola que no entiende bien qué firmó”, planteó el legislador al defender una herramienta que busca equilibrar, aunque sea parcialmente, una relación profundamente desigual.
El proyecto también incorpora una dimensión preventiva que merece atención. Obliga a bancos, financieras y billeteras virtuales a informar la existencia de este recurso en resúmenes de cuenta y comunicaciones de cobranza, y prevé difusión a través del sitio oficial de la Ciudad y de la línea 147. Además, contempla talleres sobre uso responsable del crédito para estudiantes secundarios, una medida razonable en un tiempo en que endeudarse puede hacerse con dos toques en el celular y en el que el lenguaje financiero suele esconder sus costos detrás de siglas, promociones y promesas de inmediatez. El crédito puede ser una herramienta útil, pero deja de serlo cuando la necesidad reemplaza a la decisión y la tasa de interés se vuelve una trampa.
Según los datos citados en la iniciativa, 2,8 millones de personas en la Ciudad están endeudadas, con obligaciones acumuladas por $12,7 billones, y 461 mil se encuentran en mora avanzada. Esas cifras dialogan con el Monitor de Opinión Pública de Zentrix Consultora correspondiente a julio, realizado sobre 1.468 casos nacionales, que registró que el 61,9% de las personas encuestadas tomó algún tipo de deuda durante los últimos seis meses y que el 66% agota sus ingresos antes o hasta el día 20 de cada mes. La encuesta también indicó que el 61,8% evalúa negativamente la situación económica general, una percepción que explica por qué la deuda dejó de ser un asunto privado para convertirse en un problema social y político.
En ese mismo relevamiento, la aprobación de la gestión de Javier Milei se ubicó en 31,4%, mientras que la desaprobación alcanzó el 58,8%. Se trata de una encuesta y no de una elección, por lo que no permite decretar por anticipado un resultado electoral ni reemplaza el veredicto de las urnas. Pero sí muestra un dato imposible de ignorar: la promesa de que el ajuste abriría rápidamente una etapa de recuperación convive, para una parte creciente de la población, con ingresos que se terminan antes de tiempo, deudas usadas para gastos básicos y una sensación persistente de fragilidad.
El informe de Zentrix agrega una advertencia incómoda para toda la dirigencia: el deterioro del oficialismo no se traduce automáticamente en una alternativa consolidada. El rechazo a Milei crece, pero ninguna figura opositora parece capitalizar todavía ese malestar de manera suficiente. La derrota electoral del Gobierno, si ocurriera, no estaría asegurada por una encuesta ni por el simple agotamiento social; dependerá de que aparezca una propuesta capaz de transformar bronca, deuda y desilusión en una expectativa política creíble. La caída de una administración puede ser visible. Construir una salida, en cambio, exige mucho más que mirar desde la ventana cómo se rompen las cuentas de los demás.
El proyecto de Mochi adquiere sentido en ese paisaje. No promete dólares externos, ni milagros financieros, ni una salvación individual empaquetada como libertad de mercado. Propone, con límites concretos, que el Estado acompañe a quienes quedaron desprotegidos ante una maquinaria de endeudamiento cada vez más veloz. En una Ciudad donde el crédito se volvió muchas veces la última extensión del salario, discutir quién protege al deudor ya no es un detalle técnico: es discutir qué lugar ocupa la vida cotidiana de millones de personas en el modelo económico.
