En el centro de la escena política
Buenos Aires, 30 de marzo de 2026.
En un contexto económico cada vez más frágil y con un Gobierno nacional que empieza a mostrar fisuras en su propio discurso, el reciente fallo favorable a la Argentina en la causa por la expropiación de YPF no solo significó un alivio financiero monumental, sino que además dejó expuesto, con datos duros y sin margen para interpretaciones livianas, el nivel de inconsistencia técnica y política con el que el presidente Javier Milei había construido durante meses una narrativa basada en el supuesto desastre económico que implicaba aquella decisión tomada en 2012.
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York anuló una condena que, en primera instancia, obligaba a la Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares, una cifra que equivale a varios puntos del PBI nacional y que, de haberse confirmado, habría condicionado durante décadas cualquier intento de estabilización macroeconómica, desnudando así que el tan repetido “impuesto Kicillof” no era más que una construcción política sin sustento real, amplificada por sectores que apostaban a que el país perdiera para validar su propio relato ideológico.
Detrás de esa cifra multimillonaria no había precisamente filántropos preocupados por la seguridad jurídica, sino fondos de inversión internacionales como Burford Capital —especializado en comprar juicios contra Estados soberanos para luego litigar con ganancias extraordinarias— y el histórico Petersen Energía, que habían estructurado una estrategia judicial cuyo objetivo final era capturar una renta gigantesca a partir de una interpretación forzada de los estatutos societarios de la compañía.
En ese escenario, el gobernador bonaerense Axel Kicillof no solo defendió la legalidad de la expropiación, sino que además logró capitalizar políticamente el fallo al reinstalar un eje que el oficialismo había intentado clausurar: la discusión sobre soberanía energética, desarrollo industrial y el rol del Estado en sectores estratégicos, recordando que la recuperación de YPF permitió revertir el déficit energético, impulsar Vaca Muerta y sostener el ingreso de divisas en momentos donde el país literalmente no tenía con qué pagar importaciones básicas.
Mientras tanto, del lado del Gobierno nacional, el silencio fue tan elocuente como incómodo, porque la caída de la condena dejó sin piso uno de los argumentos más repetidos por Milei y su entorno, que durante meses insistieron en que la expropiación había sido un error técnico grosero, cuando en realidad los propios abogados del Estado —a lo largo de distintas administraciones— sostuvieron consistentemente la misma línea jurídica que hoy fue validada por la Justicia estadounidense.
El dato que termina de cerrar el cuadro es brutal: la Argentina evitó un pago superior a los 16.000 millones de dólares, es decir, se ahorró una cifra equivalente a casi la totalidad de las reservas líquidas del Banco Central en los momentos más críticos de la crisis, lo que convierte este fallo no solo en un triunfo judicial, sino en una bisagra económica que impide que el ajuste recaiga todavía con mayor violencia sobre una sociedad que ya viene soportando niveles de inflación, caída del salario real y deterioro del consumo que no admiten mucho más margen.
Así, en medio de un clima político enrarecido, con denuncias cruzadas, tensiones internas y una economía que no termina de arrancar, el episodio YPF deja algo más que un fallo favorable: deja al descubierto que el relato libertario empieza a hacer agua cuando se lo confronta con hechos concretos, y al mismo tiempo vuelve a colocar a Kicillof —con todos sus matices y críticas— como uno de los pocos dirigentes con volumen técnico y político suficiente para disputar en serio el rumbo del país en los próximos años.
