APYCE rechazó los lineamientos del Gobierno porteño que, según denuncia la entidad, responsabilizan a los locales gastronómicos por la ocupación del espacio público por repartidores. Solicitó revisar la medida y convocar a una mesa de trabajo.
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Las pizzerías y las casas de empanadas forman parte de la identidad gastronómica de Buenos Aires y de cualquier recorrido por Palermo. Pero la convivencia entre mesas, peatones, bicicletas y repartidores necesita una organización que permita disfrutar del barrio y trabajar en condiciones claras. En ese escenario, la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE) cuestionó los lineamientos de la administración de Jorge Macri: sostiene que se pretende trasladar a los comercios responsabilidades sobre el espacio público que corresponden al Estado.
La entidad pidió que se deje sin efecto la imputación a los establecimientos, reclamó que la Ciudad ejerza su autoridad sobre las plataformas y sus repartidores, y solicitó una instancia de diálogo con el sector. A continuación, reproducimos el comunicado completo.
Pizzerías y Casas de Empanadas advierte al gobierno porteño.
APYCE rechaza que la Ciudad traslade a los comercios el ordenamiento del espacio público
La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE) rechaza en forma categórica los lineamientos dictados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el ordenamiento de los servicios de mensajería urbana y reparto a domicilio (IF-2026-47675597-GCABA-DGFIS), en cuanto pretenden hacer responsables a los comercios por la ocupación de la vía pública que realizan repartidores ajenos a su control.
Rechazamos estos lineamientos por los siguientes motivos:
a) Ordenar el espacio público es una función propia e indelegable del Estado. Si la Ciudad no logra hacerlo, no puede trasladar esa carga a un particular.
b) Ningún comercio tiene facultades para disponer de la vereda, despejar una rampa o desplazar un vehículo.
c) Los repartidores no son dependientes del comercio, que no los elige, no los contrata y no tiene sobre ellos potestad, deber ni responsabilidad alguna.
d) El propio texto admite que imputa al establecimiento aun cuando no exista vínculo laboral, contractual ni comercial con quien ocupa la vereda. Se le exige un resultado a quien no tiene medio alguno para alcanzarlo, imponiéndose responsabilidad de carácter objetiva a quién no debe tenerla.
e) Un anexo dictado por el Poder Ejecutivo local no puede establecer responsables que la ley no creó. Definir cuándo alguien responde por el hecho ajeno corresponde al Congreso de la Nación y, en materia de faltas, a la Legislatura porteña.
f) El anexo dice limitarse al espacio público y dejar a salvo las competencias de otras autoridades, pero termina construyendo un vínculo que la ley no reconoce, con consecuencias que exceden largamente lo urbano.
g) Quien asigna los pedidos, fija los tiempos, decide cuándo envía al repartidor y dónde lo hace esperar son las plataformas, trasladando de este modo al local obligaciones que deben recaer en ellas, conculcando un nuevo daño a los comercios gravemente perjudicado por estos sistemas sin regulación alguna.
h) Los comercios son los primeros perjudicados por las veredas ocupadas, que alejan al cliente que llega caminando.
i) Pretender, además, que nos hagamos cargo de las consecuencias del modelo de plataformas que no diseñamos ni controlamos es inadmisible.
Por ello, APYCE solicita al Gobierno de la Ciudad que deje sin efecto la imputación a los establecimientos, que ejerza su autoridad sobre las plataformas y sus repartidores, y que convoque a una mesa de trabajo con las entidades del sector.
Reservamos, asimismo, el ejercicio de todas las acciones administrativas y judiciales que correspondan.
Buenos Aires, noviembre de 2026.-