Denuncia por presuntos conflictos de interés salpica al entorno de Adorni y abre un nuevo frente político
Buenos Aires. En un escenario político ya tensionado por la economía y el desgaste de la gestión, una denuncia judicial presentada por la diputada nacional Marcela Pagano volvió a sacudir la agenda pública al poner bajo la lupa los vínculos comerciales de Bettina Julieta Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni.
El expediente, radicado en el Juzgado Federal N°11 a cargo de Ariel Lijo, plantea la posible existencia de conflictos de interés y un entramado de relaciones entre empresas privadas y organismos estatales que, de confirmarse, podría tener implicancias políticas y judiciales de alto impacto.
El núcleo de la denuncia: un circuito bajo sospecha
El eje del planteo judicial gira en torno a la consultora +BE, propiedad de Angeletti, y su presunta vinculación con empresas que mantienen contratos con el Estado.
Según la presentación, existiría un posible “circuito triangular de flujos económicos” entre una petrolera estatal, la naviera National Shipping SA —ligada a la familia Virasoro— y la consultora mencionada.
El dato concreto: +BE habría brindado capacitaciones a directivos de la naviera en tres oportunidades entre 2024 y 2025 por un total de 6.370.000 pesos.
Para Pagano, ese vínculo podría configurar un circuito indirecto de beneficios hacia el entorno familiar de Adorni, quien actualmente integra el directorio de YPF en representación del Estado.
Desde la empresa naviera, sin embargo, salieron a marcar distancia: sostuvieron que su relación contractual con la petrolera estatal tiene más de 28 años y que la designación de Adorni ocurrió en enero de 2026, es decir, después de las capacitaciones.
Tecnópolis, negocios millonarios y nombres que se cruzan
La denuncia también se mete en otro terreno sensible: la concesión del predio de Tecnópolis, una licitación multimillonaria estimada en 183.000 millones de pesos por 25 años.
Entre los actores involucrados aparece DirecTV Argentina junto al Grupo Foggia, vinculado al empresario Marcelo Dionisio. Según el escrito judicial, este grupo habría sido cliente de la consultora +BE.
El entramado suma otro ingrediente: Mara Natalia Gorini, asesora en la Secretaría General de la Presidencia, quien fue directora del Grupo Foggia hasta 2024 y seguiría ligada como apoderada, además de mantener una relación personal con Dionisio.
La pregunta que sobrevuela el expediente es incómoda pero inevitable: ¿se trata de vínculos profesionales legítimos o de una red de intereses cruzados en la frontera difusa entre lo público y lo privado?
Empresas tecnológicas y contratos con el Estado
El escrito también menciona a Grupo Datco, firma tecnológica que presta servicios a múltiples organismos estatales como ARCA, AySA, Banco Central, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y Trenes Argentinos.
Según la denuncia, esta relación reforzaría la hipótesis de una red de clientes de la consultora vinculados directa o indirectamente con el Estado.
En paralelo, se apuntan supuestas irregularidades en licitaciones de comunicación oficial por más de 3.650 millones de pesos, donde habrían participado empresas con vínculos entre sí, lo que podría sugerir escenarios de competencia simulada.
Patrimonio, ingresos y una pregunta que incomoda
Otro capítulo del expediente pide investigar la evolución patrimonial de Adorni. La denuncia sostiene que, mientras su salario se mantendría en niveles de 2023, su patrimonio habría mostrado incrementos.
También se mencionan deudas con acreedores privados, algunos de ellos presuntamente del entorno familiar.
No hay todavía conclusiones judiciales. Hay, sí, sospechas que empiezan a tomar forma en tribunales.
El trasfondo político: relato, poder y desgaste
El impacto no es solo judicial. Es simbólico.
El gobierno construyó buena parte de su narrativa sobre la idea de cortar con los privilegios, la “casta” y los negocios cruzados. Por eso, cualquier denuncia que roce ese discurso pega más fuerte que una crisis económica.
En política, el problema no es solo lo que se prueba, sino lo que se instala.
Hoy, el caso abre una grieta en ese relato: obliga a explicar, a justificar, a defender.
Lo que viene
La Justicia deberá determinar si los vínculos señalados constituyen actividades privadas legítimas o si existe un entramado incompatible con la función pública.
Mientras tanto, el expediente avanza y el ruido crece.
Porque en Argentina hay algo que nunca cambia: cuando el poder y los negocios empiezan a mezclarse, la política deja de ser discurso y se vuelve sospecha.
Y la sospecha, cuando prende, no se apaga fácil.
