La presentación fue realizada por uno de los denunciantes ante el fiscal Gerardo Pollicita. El planteo sostiene que existirían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. El pedido no implica una decisión judicial y deberá ser evaluado por la Justicia.
La situación judicial de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo luego de que uno de los denunciantes en la causa por presunto enriquecimiento ilícito solicitara que se dicte la prisión preventiva del ex jefe de Gabinete o, en forma subsidiaria, que se le prohíba salir del país.
La presentación fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien interviene en la investigación iniciada a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano. El planteo sostiene que existirían “riesgos concretos” de fuga y de entorpecimiento de la investigación, por lo que reclama medidas de coerción personal contra el ex funcionario.
Según el escrito, Adorni habría intentado influir sobre un testigo considerado clave en la causa: el contratista Matías Tabar, señalado como responsable de una remodelación en una vivienda ubicada en el country Indio Cuá Golf Club. De acuerdo con la presentación, antes de declarar ante la Justicia, el ex funcionario lo habría contactado y le habría ofrecido apoyo, una conducta que para el denunciante podría afectar la producción de prueba.
El planteo también menciona la capacidad económica atribuida a Adorni como uno de los elementos que, según el denunciante, aumentaría el riesgo de fuga. En ese punto, el escrito recuerda la existencia de unos 500.000 dólares que, de acuerdo con la investigación, no habrían sido incluidos en sus declaraciones juradas. Además, se hace referencia al supuesto acceso a vuelos privados y a la reciente renuncia al cargo como jefe de Gabinete.
La presentación repasa además distintas operaciones inmobiliarias bajo análisis judicial. Entre ellas, la compra de un departamento en Caballito por unos 230.000 dólares, operación en la que una parte sustancial del precio habría sido financiada mediante un préstamo otorgado por las propias vendedoras, sin intervención bancaria. También se menciona la casa del country Indio Cuá, inscripta a nombre de su esposa, donde se habría realizado una remodelación integral por aproximadamente 245.000 dólares, presuntamente abonada en efectivo.
Desde el punto de vista procesal, el pedido de prisión preventiva no equivale a una condena ni implica que la medida haya sido concedida. La prisión preventiva es una herramienta excepcional dentro del proceso penal y debe ser evaluada por la Justicia bajo criterios estrictos. En caso de que el fiscal no considere procedente solicitarla, el denunciante pidió como alternativa la prohibición de salida del país, con retención del pasaporte y comunicación a Migraciones.
El nuevo episodio judicial se produce después de la renuncia de Adorni a la Jefatura de Gabinete, una salida que abrió una nueva etapa política dentro del Gobierno nacional. Diego Santilli, su reemplazante, afirmó en declaraciones públicas que Adorni “anímicamente no daba más” y sostuvo que el ex funcionario deberá afrontar la investigación “sin fueros ni privilegios”.
Santilli también marcó cuál será el eje de su gestión: recomponer el diálogo político con las provincias y buscar acuerdos para avanzar con la agenda legislativa del oficialismo. Su llegada fue respaldada por dirigentes del PRO, entre ellos Mauricio Macri, Cristian Ritondo y Jorge Macri, quienes destacaron la necesidad de ordenar la relación política del Gobierno con el Congreso y los gobernadores.
Mientras tanto, el caso Adorni queda ahora en manos de la Justicia. El fiscal deberá analizar la presentación del denunciante y definir si corresponde avanzar con alguna medida restrictiva. Hasta entonces, el dato central es claro: existe un pedido formal de prisión preventiva o prohibición de salida del país, pero todavía no una resolución judicial que disponga esas medidas.
