Familiares y sobrevivientes se reunieron este viernes 17 de julio en Plaza Lavalle, frente a Tribunales. El reclamo por las 85 víctimas volvió a señalar la impunidad, los encubrimientos y la deuda del Estado argentino. La jornada también deja una pregunta necesaria para las instituciones de la comunidad judía: ¿qué posición sostienen ante las muertes de civiles palestinos y las acusaciones internacionales de genocidio en Gaza?
Familiares, sobrevivientes y organismos de derechos humanos participaron este viernes, desde las 9.30, del acto convocado por Memoria Activa en Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales. Bajo la consigna “La causa AMIA, una tragedia argentina”, la organización renovó su reclamo de verdad y justicia cuando se cumplen 32 años del ataque terrorista.
El atentado ocurrió el 18 de julio de 1994, cuando una explosión destruyó la sede de la AMIA de Pasteur 633. El ataque provocó 85 muertes, dejó cientos de heridos y abrió una investigación atravesada por irregularidades, maniobras de inteligencia, pruebas manipuladas y responsabilidades políticas y judiciales que todavía no fueron completamente esclarecidas.
Una tragedia que continúa
En el documento leído durante el acto, Memoria Activa sostuvo que no solamente fueron destruidas vidas, familias y proyectos, sino también la confianza de la sociedad en sus instituciones. “La verdadera tragedia también es política”, expresó la organización al cuestionar a los gobiernos, jueces, fiscales y organismos de inteligencia que permitieron que la causa permaneciera durante décadas entre encubrimientos y respuestas incompletas.
La agrupación reclamó que el Estado cumpla plenamente la sentencia dictada en 2024 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que responsabilizó a la Argentina por no haber prevenido razonablemente el atentado y por las graves deficiencias de su investigación. Entre otras medidas, el tribunal ordenó avanzar con la desclasificación de archivos, garantizar el acceso a la información y fortalecer la búsqueda de responsabilidades.
Memoria Activa también reiteró sus objeciones al juicio en ausencia contra los acusados iraníes y libaneses que permanecen prófugos. La organización advirtió que una sentencia dictada sin pruebas judiciales sólidas podría funcionar como un cierre formal del expediente sin llegar a establecer toda la verdad. Por ese motivo decidió no presentarse como querellante en ese proceso.
La pregunta incómoda sobre Gaza
El aniversario del atentado a la AMIA debe ser respetado en su identidad propia: fue un crimen terrorista cometido en territorio argentino contra personas inocentes y una herida abierta para toda la sociedad. No corresponde equipararlo mecánicamente con la guerra en Gaza ni utilizar un sufrimiento para relativizar el otro.
Pero la memoria tampoco puede transformarse en una frontera selectiva. Por eso resulta legítimo preguntarles a las dirigencias e instituciones representativas de la comunidad judía argentina —sin responsabilizar colectivamente a cada ciudadano judío por las decisiones de un Estado extranjero— cuál es su posición ante la conducta del Gobierno y de las fuerzas armadas de Israel en Gaza.
Una comisión independiente de investigación de las Naciones Unidas afirmó en junio de 2026 que las autoridades israelíes atacaron deliberadamente a niños palestinos y que esos hechos constituyen genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Israel rechazó el informe, lo calificó de falso y aseguró que procura reducir el daño a los civiles. La demanda presentada por Sudáfrica contra Israel continúa tramitándose ante la Corte Internacional de Justicia, que todavía no dictó una sentencia definitiva sobre el fondo del caso.
La emergencia, entretanto, continúa. Naciones Unidas informó que entre el 8 y el 15 de julio fueron reportadas otras 40 muertes palestinas en Gaza. El organismo también alertó sobre nuevos desplazamientos, operaciones militares, restricciones a la ayuda humanitaria y graves dificultades para acceder a agua potable, alimentos, atención médica y saneamiento.
Las preguntas, entonces, son concretas: ¿condenan las instituciones comunitarias argentinas las muertes de civiles palestinos y las restricciones a la asistencia humanitaria? ¿Reclaman investigaciones independientes y responsabilidades penales cuando existen posibles crímenes internacionales? ¿Pueden exigir la liberación de los rehenes israelíes, condenar los crímenes de Hamas y, al mismo tiempo, cuestionar claramente las acciones del Gobierno israelí?
Condenar el terrorismo de Hamas no obliga a justificar la devastación de Gaza. Denunciar las políticas del Estado de Israel no habilita el antisemitismo. La memoria verdaderamente universal no elige a sus víctimas según su nacionalidad, su religión o el gobierno responsable de su muerte.
A 32 años del atentado a la AMIA, la Argentina continúa debiéndoles verdad y justicia a las víctimas. Y frente a Gaza, el mundo enfrenta otra obligación moral: mirar a los civiles como seres humanos y no como daños secundarios de una guerra interminable. La memoria pierde su sentido cuando solamente sirve para recordar el dolor propio y callar frente al dolor ajeno.
