El bloque VerdeAlameda (integrado por los diputados Pablo Bergel y Gustavo Vera) presentó hoy un proyecto de declaración para que la Legislatura porteña condene enérgica e incondicionalmente la práctica del linchamiento y exhorte tanto al Poder Ejecutivo Nacional como al Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar todas las medidas necesarias tendientes a prevenir su repetición.
También propone que se inste a las personas que conducen tanto el Ministerio Público de la Nación como al de la Ciudad de Buenos Aires a que extremen sus esfuerzos para perseguir y sancionar esa forma de delincuencia.
«Estos actos de barbarie que se cometen ‘en nombre de la justicia’, se pretenden justificar por los perpetradores como ‘formas de justicia por mano propia’ ante la falta de protección estatal. Resulta indispensable que los linchamientos sean debidamente investigados por el Ministerio Público y el poder judicial. No resulta admisible que se tolere el hecho de que los autores de la práctica dispongan de un “pacto†o “código de silencio†para asegurar la impunidad de lo sucedido», expresó el diputado Vera.
Por su parte el diputado Bergel agregó: «Frente a esta situación la Legislatura debe dejar sentado enérgicamente que estos actos de violencia y agresión constituyen graves violaciones del derecho a la vida e integridad personal y denotan la debilidad del estado de derecho y de las garantías consagradas en los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional».
FUNDAMENTOS
Habiendo recibido información a través de medios de prensa y de los
pronunciamientos de la señora Presidente de la Nación sobre repetidos casos
de linchamiento callejero, incluso en el territorio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que se caracterizan por actos de violencia colectiva perpetrada con
alevosía y ensañamiento, corresponde que esta Legislatura los condene enérgica e
incondicionalmente. Por lo general, las víctimas son atrapadas como sospechosas de la
comisión de un delito y son golpeadas brutalmente, lesionándolas y con la intención de
causarles la muerte. Estos actos de barbarie que se cometen “en nombre de la justiciaâ€,
se pretenden justificar por los perpetradores como “formas de justicia por mano propiaâ€
ante la falta de protección estatal. Resulta indispensable que los linchamientos sean
debidamente investigados por el Ministerio Público y el poder judicial. No resulta
admisible que se tolere el hecho de que los autores de la práctica dispongan de un
“pacto†o “código de silencio†para asegurar la impunidad de lo sucedido.
Si bien este es un problema que no es nuevo en nuestro país ya que se tienen
desde antaño registros de los ataques no solo a las personas de presuntos delincuentes
sino también a sus propiedades consistentes en incendios y saqueos de viviendas, lo
cierto es que los datos difundidos por los medios de comunicación indican que habría un
incremento notorio de esta clase de hechos en este último mes.
Frente a esta situación la Legislatura debe dejar sentado enérgicamente estos
actos de violencia y agresión constituyen graves violaciones del derecho a la vida e
integridad personal y denotan la debilidad del estado de derecho y de las garantías
consagradas en los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional. Nada podría ser peor que
los linchamientos continúen registrándose sin que se adopten medidas inmediatas por
parte del Estado sea nacional o local para erradicar esta práctica de manera definitiva.
Corresponde exhortar al Estado Nacional y al Poder Ejecutivo del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar tales medidas con carácter prioritario
y a impulsar de inmediato las investigaciones sobre estos hechos para lograr la
identificación y sanción de los responsables. Por la naturaleza misma de este tipo de
violaciones, la inactividad del Estado para esclarecerlas puede alentar su repetición y ser
interpretada como una forma de legitimación o aquiescencia pues, como se indicó más
arriba, estos hechos son usualmente justificados por sus perpetradores como formas de
hacer justicia En tal sentido, corresponde recordar que tanto nuestra Ley Fundamental
(art. 16) como la Constitución porteña (art. 11) nos constriñen a garantizar los derechos
de todas las personas sujetas a nuestra jurisdicción mediante la idéntica protección de las
leyes, lo que incluye el deber de perseguir y sancionar a quienes cometan violaciones de
derechos humanos, con independencia de que sean actores estatales o particulares.
