PIDEN LA RENUNCIA. El fiscal federal Jorge Di Lello pidió este mediodía que Amado Boudou sea citado a prestar declaración indagatoria en el marco de la investigación de la causa Ciccone.
El vicepresidente está imputado en ese expediente por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito.
La Justicia acumuló las pruebas suficiente para sostener la sospecha de que Boudou utilizó su cargo de ministro de Economía para beneficiar desde el Estado a los accionistas de la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica. Esas personas pasasron a tomar el control de esa compañía mediante una sociedad llamada The Old Fund, que estaba presidida por Alejandro Vandenbroele, acusado de ser “testaferro†del vice.
Di Lello también le solicitó al juez de la causa, Ariel Lijo, que llame a indagatoria al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray; al socio de Boudou, el millonario José María Núñez Carmona; al supuesto testaferro Alejandro Vandenbroele y a miembros de la familia Ciccone, fundadora de la firma que fue bautizada con ese apellido.
El pedido de indagatoria incluye también a Nicolás Ciccone, su yerno, Guillermo Reinwick, Rafael Resnick Brenner, jefe de Asesores de la AFIP, y de Máximo Lanusse, quien acompañó a Vandenbroele como vicepresidente de la Compañía Sudamericana de Valores (como fue rebautizada Ciccone).
Bajo mando de la sociedad The Old Fund, la empresa Ciccone Calcográfica fue contratada por la gestión de Cristina Kirchner para confeccionar 410 millones de billetes de cien pesos. Eso pasó a pessar de que la compañía ya estaba siendo investigada por la Justicia.
La Presidenta jamás habló públicamente de este escándalo, en el que también está involucrada, según reconstruyeron decenas de fuentes que fueron o son protagonistas de esta trama.
En un escrito presentado hoy ante Lijo, el fiscal Di Lello dará a entender que la mejor manera que tiene Boudou para defenderse es sentarse a declarar frente al juez del caso.
La primer nota que Clarín publicó sobre el caso Ciccone salió en septiembre del 2011. La segunda, en noviembre de ese mismo años. En febrero del 2012, la ex esposa de Vandenbroele, Laura Muñoz, dio una entrevista al programa que Jorge Lanata conduce en Radio Mitre: denunció que su ex marido le había confesado que hacía negocios ilegales por orden de Boudou.
Durante dos años, el hoy vice negó las acusaciones que lo comprometían con Ciccone Calcográfica.
La propia presidenta Cristina Kirchner avaló una embestida de la Casa Rosada en contra de las primeras autoridades judiciales que investigaron este tema.
El primer juez del caso Ciccone, Daniel Rafecas, y el fiscal original de la causa, Carlos Rívolo, fueron apartados de la instrucción. A poco de terminada la semana santa del 2012, y también por presión K, el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, debió renunciar a su puesto cuando el propio Boudou en persona denunció que era parte de una mafia que buscaba destituirlo. El vice aseguró que la banda criminal que supuestamente lo perseguía era transversal e interdisciplinaria: según él, también incluía a destacados empresarios y periodistas, a los que una vez más describió como “esbirrosâ€.
01/08/2013 Causa Ciccone: confirman rechazo a un planteo de Amado Boudou
La Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal ratificó la resolución del juez Ariel Lijo que no había hecho lugar a una excepción de falta de acción interpuesta por la defensa del vicepresidente de la Nación.
PIDEN LA RENUNCIA
Patricia Bullrich @PatoBullrich
La indagatoria a Boudou merece el inmediato comienzo del juicio político. @cfkargentina si no lo hace en febrero, lo haremos en marzo
«Boudou debe renunciar», aseveró Felipe Solá, diputado nacional en el Frente Renovador de Sergio Massa. «Si yo hubiera sido Boudou, hubiera renunciado hace rato; si es procesado, debe renunciar, sí o sí», abundó el legislador en diálogo con radio Mitre.
Por su parte, la diputada macrista Patricia Bullrich pidió abiertamente que el Congreso motorice un juicio político contra el segundo de Cristina Kirchner. «Si no lo hace en febrero, lo haremos en marzo», escribió en su Twitter la legisladora de Pro. Desde la oposición ya habían alentado esta posibilidad hace dos años, en marzo de 2012, cuando se comenzó a ventilar en los medios la trama del caso Ciccone. Pero la iniciativa no prosperó.
POR ELISA CARRIO
Al igual que casi todas las constituciones, nuestra Carta Magna otorga privilegios a sus legisladores, no en cuanto personas sino para garantizar su función.
Son los únicos que tienen exenciones constitucionales. Hay dos casos para señalar.
Uno de ellos es la inmunidad total, que consiste en que los legisladores no pueden ser juzgados. No pueden ser molestados o interrogados judicialmente por opiniones que viertan durante su mandato.
La otra es la exención de arresto: no pueden ser arrestados, salvo que sean sorprendidos-según señala la Constitución- in fraganti en un delito que merezca pena infamante u otra aflictiva. La expresión fue tomada del Código Francés. Se referiría a la comisión de delitos graves, como el de homicidio, pues el sistema francés contempla la clasificación de delitos infamantes y no infamantes.
Si las inmunidades son expresas en la Constitución para los legisladores, no puede haber inmunidades implícitas para el resto de los funcionarios y magistrados.
En la Argentina es preciso subrayar lo obvio: el vicepresidente integra el Poder Ejecutivo, no el Poder Legislativo.
Más allá de su rol de presidente del Senado, está claro que no ha sido elegido legislador.
Incluso, para el caso de llevarse adelante la acusación en juicio político contra el presidente de la Nación, el Senado sería presidido por el presidente de la Corte Suprema, y ello no convierte en «senador» a un magistrado.
«No se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores, ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara», dice la ley de fueros que la Cámara de Diputados votó el 7 de septiembre de 2000.
Antes de esa ley, los jueces interpretaban que, como el llamado a indagatoria implicaba la posibilidad de un procesamiento, no se la podía tomar a ningún legislador ni funcionario -extendiéndoles la inmunidad implícita también a estos- hasta tanto no se produjera el desafuero, en el caso del legislador, o el juicio político, que es destitución, para el caso de los funcionarios o magistrados.
En síntesis: jueces que paralizaban las causas porque decían que no podían tomar indagatoria si el legislador no estaba desaforado, y el Congreso que respondía que sí podía y por lo tanto denegaba el desafuero.
Para la búsqueda de la justicia no había trampa más mortal que esta trama. El juez detenía la investigación, el Poder Legislativo no disponía el desafuero y los expedientes quedaban paralizados.
Sancionamos una ley que terminó con esa interpretación perversa que resultaba muy útil para los jueces, que parecían avanzar en un expediente, pero en realidad iban hacia su paralización.
Buscamos el avance de las causas hacia la verdad, la justicia y la condena, respetando y reglamentando los privilegios establecidos en la Constitución. Se votó por unanimidad con la abstención de la diputada Cristina Kirchner que, sin embargo, había participado de la redacción de la ley.
Esa ley es la que posibilita que vayan a juicio oral senadores y funcionarios por las coimas en el Senado y es la que permite investigar y avanzar en las causas penales y sólo pedir desafuero cuando haya que arrestar.
