Argentinos a «garpar». La solicitada del Gobierno en The Wall Street Journal

Spread the love

Argentina quiere continuar pagando sus deudas pero no la dejan

Argentina quiere seguir pagando sus deudas, como lo viene haciendo desde 2005. Pero se ha visto obstaculizada por el fallo del juez Thomas Griesa y de la negativa de la Corte Suprema de los Estados Unidos a tomar el caso.

El de la República de Argentina en 2001, fue el mayor default de la historia financiera mundial, excediendo largamente los 100.000 millones de dólares. Décadas de sobreendeudamiento y bajo crecimiento dejaron al país con una deuda de una magnitud superior al 160% de su producto bruto interno, una tasa de desempleo del 25% y más del 50% de su población sumida en la pobreza.

Desde 2003, varias medidas fueron implementadas con el objetivo de normalizar las relaciones financieras internacionales del país. El principio fundamental de todas las negociaciones con los acreedores fue siempre el mismo: pagar. Argentina primero debe crecer para generar los recursos que le permitan cumplir con sus compromisos. El crecimiento para permitir el pago ha sido el sello de todas las negociaciones de deuda realizadas por la Argentina desde 2003. Bajo este enfoque, por más de una década, la economía argentina ha crecido, reduciendo el desempleo y siguiendo con la reducción de su deuda, al punto de que el valor en moneda extranjera de la deuda pública con el sector privado actualmente no excede el 8 por ciento del PBI.

El proceso de reestructuración de la deuda que defaulteada en 2001 continúa. A lo largo de este difícil camino, la deuda con el Fondo Monetario Internacional fue cancelada en su totalidad, se llegó a un acuerdo con acreedores en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), las obligaciones con organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial o la Corporación Andina de Fomento fueron cumplidas, el reciente pago en un período de 7 años acordado con el Club de París y se pagó una compensación a la empresa Repsol por la expropiación del 51% de la acciones de YPF.

Sin duda, el problema más complejo fue alcanzar un acuerdo con los miles de tenedores de bonos de la deuda en default desde 2001, con un monto total de 81 mil millones de dólares. Pero Argentina tuvo éxito en este aspecto. Tras largas negociaciones, consultas a los acreedores y aplicando el principio de buena voluntad, se logró un acuerdo por un canje voluntario de bonos de deuda defaulteada por nuevos bonos que implicaron un recorte, un mayor plazo de pago y una tasa de interés más baja que aseguraron que el compromiso tomado por el país fuera más sustentable.

La oferta del canje fue hecha en 2005 y en 2010, logrando la aceptación del 92.4% de los acreedores. Una de las claves del éxito en la negociación, como es costumbre en ese tipo de operaciones, fue el hecho de que tanto la legislación argentina, como el texto del acuerdo por los bonos emitidos, impiden ofrecer una mejor oferta a los acreedores que se rehusaron a entrar en el canje (holdouts). Desde el año 2003, a través del esfuerzo del pueblo argentino, los pagos de la deuda reestructurada fueron hechos puntualmente, por un monto total de 190 mil millones de dólares y sin acceso a los mercados financieros internacionales.

El 7% de los acreedores no aceptaron la reestructuración. Los fondos buitre que obtuvieron un fallo a su favor no son acreedores originales de la Argentina. Compraron fondos por un precio obscenamente bajo con el único propósito de impulsar juicios contra el país y obtener grandes beneficios. El fondo NML de Paul Singer, por ejemplo, en 2008 pagó 48.7 millones de dólares en bonos en default. El fallo del juez Griesa ahora ordena que se le debe pagar 832 millones de dólares, lo que representa una ganancia de 1608% en sólo seis años.

La Argentina apeló el fallo del Tribunal Distrital de Nueva York de Thomas Griesa, que ordenó el pago de 1.500 millones de dólares para ser desembolsados en 30 de junio, que es la fecha de vencimiento para el próximo pago a los bonistas que sí entraron en la reestructuración de la deuda. Sin embargo, se estima que el total de los bonos en default que no aceptaron el canje representan unos u$s15 mil millones, más del 50 por ciento de las reservas en moneda extranjera del país.

El fallo del juez Griesa empujaría al país a un nuevo default. Esto es porque si Argentina no paga los u$s1500 millones, tendrá que pagar 15 mil en el corto plazo. Para empeorar aún más la cuestión, según la legislación argentina y las cláusulas del acuerdo del canje (RUFO), si los fondos buitre reciben el pago, los otros tenedores de bonos de deuda podrían demandar un trato igual, lo que le representaría un costo superior a los 120 mil millones de dólares. Si Argentina, por otro lado, no le paga a los fondos buitre, el fallo del juez Griesa prohíbe al país pagarle al 92,4 por ciento de los bonistas que sí aceptaron la reestructuración, al mismo tiempo que le ordenó al Banco de Nueva York y a las agencias de liquidación que no les paguen.

En otras palabras: pagarle a los fondos buitre es el camino al default y si no se les paga, la orden del juez Griesa implica poner en riesgo el derecho de los bonistas de cobrar su deuda reestructurada en 2005 y en 2010.

Mientras tanto, los fondos buitre han invertido millones de dólares en lobby y en propaganda, para hacerle creer al mundo entero que la Argentina no paga sus deudas y se rehúsa a negociar. Sin embargo, precisamente desde 2003, la salida del default fue negociando y pagando. Incluso hoy, el país mantiene la posibilidad de una apertura del canje para aquellos que respetaron el principio de igualdad. La decisión favorable de la Justicia de Estados Unidos para el 1.6% de los tenedores de bonos, que son expertos en litigios, pone en riesgo la reestructuración que fue aceptada por el 92.4 por ciento de los acreedores.

Las críticas contra el fallo del juez Griesa vinieron de los más diversos lugares: los gobiernos de Francia, Brasil, México y Uruguay; la agencia Euroclear y el fondo Fintech. Joseph Stiglitz, Anne Krugger y Nouriel Roubini también hicieron declaraciones siguiendo la misma línea, al igual que la Celac, el G24, G77 y los 106 parlamentarios británicos. Incluso el gobierno de los Estados Unidos y el FMI mostraron preocupación por las implicancias a nivel mundial del fallo.

Este fallo busca empujar a la Argentina a una situación delicada, pero también a cualquier otro país que decida reestructurar su deuda en el futuro. Bajo legislación local de cualquier país, cuando hay una suspensión de pagos y el 66 por ciento de los acreedores aceptan el acuerdo, el resto están obligados a hacerlo. Como no hay un marco legal que regule el default de un país soberano, este precedente significaría que incluso si se logra el 99.9% de aceptación de un acuerdo, el 0,1% de los acreedores podría invalidar el resto de la reestructuración.

La voluntad de Argentina es clara: esperamos una decisión judicial que promueva condiciones justas y equitativas de negociación para resolver esta prolongada y difícil disputa que ha afectado, afecta y afectará al pueblo de Argentina debido a la voracidad de un minúsculo grupo de especuladores.