Procesaron por peculado al extitular de la Sociedad Rural, Luciano Miguens

Miguens fue uno de los que encabezó a la Mesa de Enlace en pleno look out patronal.

El extitular de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y dirigente que encabezó la Mesa de Enlace en tiempos de look out patronal, Luciano Miguens, fue procesado por el delito de peculado en el marco de la compra del predio de la SRA del barrio porteño de Palermo. “A Miguens se le atribuye el haber suscripto el convenio entre el Gobierno de la Ciudad, la SRA y la empresa Ogden Rural SA, mediante el cual se otorgara una excepción o modificación al Código de Planeamiento Urbano en favor de los intereses de la Sociedad Rural Argentina”, aseguraron. La SRA compró el imponente predio en 30 millones de dólares cuando estaba tazado en una cifra superior a los 130 millones de dólares.

El expresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) Luciano Miguens, uno de los impulsores de la Mesa de Enlace de 2008, fue procesado por “peculado” por la presunta compra del Predio Ferial de Palermo a precio vil durante el menemismo. Sus bienes fueron embargados hasta cubrir 5 millones de pesos. El delito que se le reprocha a Miguens tiene una pena que va de dos a diez años de cárcel.

“A Miguens se le atribuye el haber suscripto el convenio entre el Gobierno de la Ciudad, la SRA y la empresa Ogden Rural SA, mediante el cual se otorgara una excepción o modificación al Código de Planeamiento Urbano en favor de los intereses de la Sociedad Rural Argentina.”

La SRA adquirió el predio por 30 millones de dólares cuando, en realidad, su cotización superaba los 130 millones. Y allí, mediante una modificación de las condiciones urbanas y de edificación, planeaba levantar un complejo gastronómico, hotelero y de entretenimiento de enormes dimensiones, que -entre otros emprendimientos- incluía 17 salas de cine. Esa parte del negocio nunca se concretó. La obra fue financiada con un crédito del Banco Provincia de Buenos Aires considerado “incobrable” en el expediente.

“Se investiga el modo en que, aportando al mantenimiento de esa ilegal venta mediante la creación de condiciones comerciales irregulares, tanto los particulares como los funcionarios locales habrían colaborado en el despojo de bienes públicos.”

La Sala Séptima de la Cámara del Crimen, con las firmas de los jueces Mariano Scotto y Ricardo Pinto, dispuso el procesamiento del extitular de la SRA y otros directivos de la corporación agroganadera y exfuncionarios, entre ellos Ernesto Marcer, exprocurador del Tesoro durante la presidencia de Fernando de la Rúa. En la causa ya estaban procesados y en camino al juicio oral y público otros directivos, entre ellos Enrique Crotto y Raúl Etchebehere.

Miguens, cuyo abogado defensor es el exfiscal Pablo Lanusse, venía zafando del procesamiento e, incluso, en primera instancia había sido sobreseído por el juez Ricardo Farías. Pero los camaristas revocaron la medida, lo procesaron y recomendaron que la causa pase a juicio oral. Lanusse había pedido que se confirmara el sobreseimiento y luego reclamó la “desvinculación” en razón de “la violación del plazo razonable, pues el hecho en estudio ocurrió hace 14 años y Miguens no tuvo una actitud contraria al avance del proceso”.

Un tramo de la causa había sido declarado prescripto, pero la Corte Suprema revocó esa medida que beneficiaba, entre otros, al expresidente Carlos Menem y, así, rehabilitó la investigación.

Según la resolución “para perpetrar esta maniobra fraudulenta, la SRA contó con la anuencia de los entonces funcionarios del Gobierno de la Nación, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires”.

Para los jueces, “ya desde el inicio, tanto las autoridades de la SRA como del Gobierno Nacional y de la Ciudad no sólo conocían la denominación del terreno y las limitaciones edilicias que le eran propias sino que, a efectos de llevar adelante el muy lucrativo emprendimiento, debía procederse a su rezonificación”. Así lo hicieron. Los funcionarios públicos “emitieron dictámenes que procuraran el cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de lo cual habrían actuado interesadamente, a efectos de favorecer a la Sociedad Rural Argentina y perjudicar deliberadamente el propósito de resguardar el patrimonio urbanístico de la ciudad”.